Los Derechos de los Ofendidos o Víctimas

Una de las cosas buenas que trae la reforma del sistema de justicia penal (sistema de justicia adversarial), es sin duda que se trata más de cuidar los derechos de las victimas u ofendidos del hecho delictuoso, así como las victimascolaterales al mismo.

En la actualidad, los medios de comunicación dan a conocer a la sociedad los atropellos, los malos tratos y la falta de apoyo por las autoridades a los ofendidos o víctimas de algún delito, aunque prácticamente esto es reciente, pues siempre ha estado en el olvido aquella persona que ha denunciado en su agravio alguna conducta delictiva, a pesar de que existen garantías individuales de todo ofendido o víctima (artículo 20 apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), se siguen violando estos derechos, ya sea por la autoridad administrativa, Procuraduría General de Justicia o por la autoridad judicial, cuando se lleva un proceso penal, violentan esos derechos que constitucionalmente se encuentra establecidos, para que estrictamente sean cumplidos, además que no le brindan las facilidades de un buen servicio a las víctimas.

La víctima u ofendido de un delito debe tener un asesor jurídico, para que le informe sus derechos, lo oriente y además lo represente en juicio, pues solamente de esta manera existiría un equilibrio jurídico de las partes procesales, de acuerdo a la Carta Magna, el Agente del Ministerio Público, tiene una función de Representante Social, con la obligación de informar del procedimiento penal y asesorar a la víctima, cosa que en muchas ocasiones no sucede, pues algunos funcionarios con ese cargo, dicen que existe mucha carga de trabajo; pero otros servidores públicos con esa función, no son capaces de llevar una integración o un proceso penal, y tampoco brindar un buen servicio a lasvíctimas u ofendidos, pues los tratan despóticamente y no les reciben pruebas. Por lo que la presencia del asesor aporta al procedimiento un mejor equilibrio entre los sujetos que intervienen en la relación jurídica, con intereses enfrentados: el imputado, asistido por el defensor, y el ofendido, apoyado por el asesor jurídico. Esta garantía reconoce que el Fiscal no ha sido un eficaz defensor de los derechos de la víctima u ofendido.
Precisamente en la Carta magna, en su artículo 20 apartado C, establece las garantías que todo ofendido o víctima, tiene en un proceso de orden penal, aunque solamente están marcadas las siguientes: la de recibir asesoría jurídica, atención médica y psicológica de urgencia, ser informado de sus derechos y del desarrollo del procedimiento penal, coadyuvar con el Ministerio Público, a que se le repare el daño en el caso de que sean menores de edad, también no estarán obligados a carearse con el inculpado cuando se trate de los delitos de violación o secuestro y por último solicitar las medidas de seguridad y auxilio.

Primeramente vamos a definir los conceptos de ofendido y víctima, para lo cual nos vamos a lo que se establece en una Ley secundaria, en el Estado que habito existe una Ley de Atención a la Victima del Delito del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, en la que define como víctima a la persona que haya sufrido daño, como consecuencia de acciones u omisiones realizadas en su contra, tipificadas como delito y sancionadas por la legislación penal y como ofendido al titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro que asume la condición de sujeto pasivo del delito.

Es necesario hacer entender a las autoridades encargadas de impartir justicia, que la víctima o el ofendido, desde el momento en que inician su denuncia o querella, ya están dando pauta a que se inicie un proceso penal, y por lo tanto desde ese momento, deben tener acceso al mismo, pues sin ellos no hay proceso, del mismo modo que el sujeto pasivo de un ilícito penal ostenta como primer derecho, o derecho básico inherente a su condición jurídica derivada del presunto hecho antijurídico, el derecho de acceso al proceso penal que se esté instruyendo y que le permitirá ser oído por el órgano jurisdiccional, para el ofendido por el delito su incorporación a la instrucción
podrá tener lugar a partir de la practica de esa diligencia a la que está obligado el Juez instructor, así como, en su caso, la policía ministerial que tome declaración al ofendido; con ello, el ofendido será parte del proceso penal desde el inicio del procedimiento, si esté ha tenido lugar mediante la interposición y posterior admisión, de una querella, o bien, en caso de haber formulado una denuncia, compareciendo como acusador mediante esta diligencias de ofrecimiento de acciones.

Por lo que hace a la garantía de que todo ofendido o víctima de algún delito, reciba asesoría jurídica, atención médica y psicológica de urgencia, es obligación del Estado, a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado de San Luis Potosí, en donde se la procurará, coordinará y vigilará que se proporcionen los servicios gratuitos en las áreas que al efecto se lleguen a crear para que el Estado de el servicio a las victimas del delito tal y como lo tutela la Carta Magna.

Como conclusión, el suscrito considera que en el Estado de San Luis Potosí urge implementar medidas que ayuden a que sean cumplidos los derechos de las víctimas u ofendidos, pues son garantías individuales y/o derechos fundamentales marcadas en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los tratados Internacionales en los que México forma parte, y este urgencia deriva toda vez que los gobernantes que hemos tenido, siempre dicen que acabaran con la impunidad y la inseguridad, pasa su tiempo de poder y la sociedad sigue con estos mismos problemas, lo peor del caso, es que cada vez, se agranda este problema de violentar los derechos que tienen los ofendidos o víctimas de algún delito. El respeto a los derechos de las víctimas u ofendidos, por parte de los servidores públicos que tienen la obligación de brindarles una atención, orientación y apoyo jurídico, para que disminuya el daño que ha recibido, pues son parte de los derechos humanos en general, el Estado como garante de los derechos fundamentales, se encuentra obligado a procurar la atención integral de las víctimas u ofendido de los delitos. Asimismo existe la participación de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales, que podría ser de mucha ayuda, sin embargo estas también se desvían de su objetivo, pues muchos logran puestos políticos y se olvidan del origen de su sociedad. Algo que debe funcionar, es que se publiquen por todos los medios posibles, los derechos que tiene toda víctima u ofendido, aunque puede suceder que se realicen estos anuncios, se realicen conferencias, documentales, pero a quien se debe sensibilizar y obligar a que se cumplan estos derechos, es al Representante Social y sus auxiliares, al mismo Juez y su personal, pues son los primeros en no informar y violentar estos derechos fundamentales, pues las víctimas u ofendidos, son atendidos con malos tratos, no se les da un mínimo de cordialidad, de dignidad que todo ser humano por naturaleza tiene, todo servidor público debe entender que son los que recibieron el delito y por consiguiente un daño, y es que todos podemos llegar a tener la calidad de víctimas u ofendidos.

Fuente:http://modumlegal.mx/

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